Estefanía Castro Chávez, Secretaria General de Juventudes Socialistas de Canarias, se une a la petición de los Cabildos de la Gomera, Gran Canaria y el Hierrro, así como del PSC, y pone de manifiesto que con este proyecto de Ley lo que se consigue es abundar en la proliferación normativa, tan poco conveniente para el conjunto de la sociedad canaria, ya que de esta forma se generan dudas sobre la garantía de aplicación del principio de igualdad ante la ley. Esta tesis además está reforzada no sólo por el PSC- PSOE, sino por el Dictamen del propio Consejo Consultivo de Canarias. Añade, Castro, que este proyecto de ley esta cargado de muchos términos que no están definidos jurídicamente,e que han sido incluidos de forma deliberada por parte del Gobierno de Canarias, para que así se pueda favorecer a unos pocos.
Con este proyecto se sesga por completo la autonomía de las entidades locales, tanto de los Ayuntamientos como de los Cabildos, autonomía que viene reconocida constitucionalmente, y que de forma flagrante se está obviando.
Se rompe la tendencia de consenso entre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y es por lo que este proyecto se torna autoritario y oportunista.
Por último y no por ello menos importante, este proyecto de ley permite, de forma reiterada a lo largo de su articulado, que siga creciendo la planta turística alojativa en Canarias, lo que supone la derogación implícita de la Ley de Directrices, herramienta imprescindible para garantizar la rentabilidad del sector y mantenimiento de muchos puestos de trabajo. Así como también este proyecto, implicaría la exclusión del time –sharing como modalidad de alojamiento turístico, lo que les permitirá quedar eximidos de la aplicación de estándares de calidad en sus servicios, con la consecuente perdida de puestos de trabajo, así como la degradación del servicio. Finalmente, la Secretaría General de JSC, se posiciona rotundamente en contra de un proyecto de ley, que no respeta ni las garantías legales ni el consenso de todos los representantes políticos del Parlamento de Canarias, y da un paso más a un estilo de Gobierno que sólo beneficia a unos pocos dejando a un lado el interés de todos los canarios y las canarias.
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